Desde el 29 de mayo hasta el 1º de junio se lleva a cabo en la sede de AUTE el encuentro internacional de trabajadoras y trabajadores de la energía. Este encuentro cobra especial relevancia en el contexto de la conmemoración de los 75 años de AUTE. De acuerdo con el sindicato, el evento es un llamado a la acción, a la resistencia y a la solidaridad. “Es un espacio para reflexionar, compartir experiencias, intercambiar sobre el rol del movimiento sindical y construir alternativas al proyecto del gran capital internacional. Es momento de fortalecer nuestros lazos de unidad, internacionalismo y lucha por un futuro más justo y próspero para todos y todas”.

En tal sentido, el presidente de AUTE, Gonzalo Castelgrande, dijo al Portal del PIT-CNT que la actividad programática tiene como objetivo “desarrollar, pensar, estudiar e investigar propuestas y alternativas a la energía como un derecho humano fundamental”.

Ejes fundamentales

Castelgrande detalló que el encuentro internacional de trabajadores de la energía se basa en diferentes aspectos, uno de ellos es “la defensa del servicio público”, lo cual tiene su correlato en la “oposición al avance privatizador en todas las empresas públicas, y en particular en UTE”.

En tal sentido, el dirigente sindical se refirió al decreto 242/023 del Ministerio de Industria y Energía, que modifica el Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, habilitando la compra-venta de energía entre privados.

“Es decir, los capitalistas, los grandes consumidores de energía, podrán comprar directamente a los grandes empresarios que generan y venden energía en el país. El gobierno no solo pretende beneficiar a una parte muy minoritaria de la población, que constituye el 0,03% de los clientes de UTE, sino también continuar derramando capital público hacia los grandes capitalistas del país”.

Otro de los aspectos importantes presentes en la discusión es “el rol de las empresas públicas y el recorte que se viene desarrollando en UTE, un ente autónomo que aporta mucho al país y que podría aportar muchísimo más si se gestionara de mejor forma”.

El dirigente sindical aseguró que, asimismo, AUTE ha presentado una propuesta sobre “tarifa eléctrica, en el marco de la energía como derecho humano”. Agregó que, si bien el acceso a la energía eléctrica está garantizado en Uruguay, de todos modos, tiene un costo muy grande para las familias uruguayas.

Imagen

“En 2016 pusimos a disposición de la opinión pública un estudio sobre la tarifa eléctrica en nuestro país, en el que se concluye que es sumamente injusta porque, a pesar de los avances obtenidos, todavía se mantiene la iniquidad de que los ricos pagan la mitad de la tarifa que los pobres. Hoy, a las familias trabajadoras, la energía eléctrica les cuesta aproximadamente un 4% de sus ingresos; en los hogares más pobres, el costo es de aproximadamente el 10% de sus ingresos”, detalló.

Añadió que esa desigualdad ocurre en un país donde hay mucha energía a precios muy bajos, “porque en el mercado mayorista, que el gobierno quiere desarrollar y fortalecer, la energía prácticamente vale cero. Hay mucha energía, y al haber un producto abundante, los precios bajan. Además, la forma de generación, que es casi 100% con energía renovable, tiene un costo muy bajo”.

“Con el decreto, el gobierno no solo beneficiará a los empresarios, sino que, por otro lado, perjudicará a la empresa pública. Al perder a estos grandes clientes que le compran energía, perderá unos 20 millones de dólares al año. Ese es dinero de todos los uruguayos que debería invertirse en los 300.000 hogares, aproximadamente 60.000 familias, que no reciben ningún tipo de apoyo social, es decir, los sectores más vulnerables de la población. Estos hogares pagan la tarifa residencial simple, lo cual les resulta muy difícil”, dijo Castelgrande.

Por tanto, planteó que AUTE pretende impulsar una política que, en lugar de subsidiar a los ricos, pueda ayudar a esas familias. Expresó que el Estado debe cumplir con su rol protector de los más débiles, ya que la energía eléctrica es un derecho humano y no una mercancía.

Añadió que es en esas familias donde vive la gran mayoría de los niños que están por debajo del índice de pobreza. Se trata de familias integradas por “25 mil pesistas; es decir, trabajadores que ganan un salario mínimo o cercano a los 25 mil pesos mensuales”.

Por otra parte, el sindicato de los trabajadores de la energía considera que existe un aspecto transversal a toda la discusión, que se refiere a las perspectivas de inserción del hidrógeno verde. “Es necesario conocer qué tan fiable es y, al mismo tiempo, qué beneficios dejaría para el pueblo uruguayo, evitando que se convierta en una expoliación, en un derrame de recursos de nuestro pueblo hacia los grandes capitalistas”.

Empoderar a los trabajadores

En el marco del encuentro internacional de Trabajadores de la Energía se realizó el taller: “La transición energética y el cambio climático”.

Castelgrande resaltó que este tipo de actividades abiertas, públicas y gratuitas tienen como propósito “empoderar a los trabajadores en temas esenciales de su vida cotidiana, ya que desde el gobierno se pretende discutirlo solamente a nivel político o académico”.

El panel contó con la participación de: Ulrike Eifler de IG Metall, del Sindicato Metalúrgico de Alemania; Soraya Tupinamba de la Organización Terramar (Brasil); María Selva Ortiz de Redes Amigos de la Tierra (Uruguay) y Bruno Saralegui de AUTE.

En dicho encuentro se plantearon coincidencias en la mirada socioambiental del desarrollo productivo y económico, así como en la relación de “dependencia colonial” que reproduce la nueva ola de energías renovables promovida por el llamado “capitalismo verde”.

Se planteó, asimismo, la necesidad de sumar esfuerzos regionales e internacionales para enfrentar esta avanzada que, lejos de beneficiar a las grandes mayorías, perpetúa un modelo de acumulación basado en el lucro y la concentración de capitales.

Por ello, es fundamental la necesidad de construir alternativas a este modelo desde la perspectiva de los trabajadores y las comunidades afectadas por los proyectos verdes, con el fin de “pensar una transición que realmente sea justa, solidaria y sostenible”.