
La Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay presentó sus propuestas para el desarrollo de la industria nacional en un acto celebrado en el Palacio Legislativo. Líderes sindicales destacaron la importancia de una política industrial integral, enfocada en la diversificación productiva y la innovación tecnológica, como ejes estratégicos para el crecimiento económico y social del país, porque “cada vez es más riesgoso para Uruguay no tener política industrial”.
La Confederación presentó este martes 8 de octubre en la sala Acuña de Figueroa del edificio Anexo al Palacio Legislativo, sus propuestas para el desarrollo de la industria nacional.
Participaron del evento: el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, Danilo Dárdano; la secretaria general de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, Pamela Ruiz Díaz; y la coordinadora del Programa Saberes en Acción, Mariana Mendy. La Confederación está compuesta por 14 sindicatos y federaciones. El sector abarca a aproximadamente 160.000 trabajadoras y trabajadores de la industria nacional.
En ese contexto, se presentó el documento que se enmarca en la plataforma reivindicativa del PIT-CNT del 1º de mayo.
Abdala -quien ha sido uno de los actores clave en percibir desde la gestación, el alcance estratégico de la creación de la CSI- felicitó a la dirección de la Confederación por llevar adelante el Proyecto Saberes en Acción, y remarcó su alcance estratégico. Agregó que, desde la perspectiva sindical, implica, que no solamente se vaya construyendo un saber hacer, sino también una especialización en el diálogo, en la negociación colectiva y la lucha por las reivindicaciones inmediatas en la interrelación tanto con el sector empleador como con el Estado.
Además, remarcó que los intereses inmediatos de la clase trabajadora tienen de por sí un impacto positivo en el conjunto de la sociedad. “Toda mejora para la población trabajadora hace directamente a una mejora de la situación del pueblo”. Abdala agregó que, “en forma indirecta también tiene sus impactos positivos, porque cada vez que se mejoran los ingresos, el salario, las leyes sociales, la calidad de la vida de la población trabajadora esto tiene un efecto inmediato en todos los guarismos que hacen a la felicidad pública”. Ejemplificó con que si aumenta el poder de compra del salario, entonces también aumenta el poder de compra de las jubilaciones, que ajustan por Índice Medio de Salario, y como el trabajador se consume prácticamente todo su ingreso, si mejora el nivel de ingreso de la población trabajadora, va directamente al pequeño comerciante, al pequeño industrial, y al pequeño productor agropecuario, cuyos negocios están destinados mayoritariamente a la demanda interna.
En otro pasaje, Abdala señaló que el debate planteado por la Confederación no se limita a los intereses inmediatos, sino que se inscribe en una cuestión histórica y estratégica. “Es clave diversificar la matriz productiva”, afirmó, y destacó que los países que dependen intensamente de materias primas transfieren recursos hacia aquellos con mayor especialización tecnológica, lo que genera una dependencia económica.
Uruguay, sostuvo Abdala, tiene una base productiva que no sostiene adecuadamente a sus 3.4 millones de habitantes, con 550 mil trabajadores que ganan menos de 25 mil pesos mensuales y formas nuevas de precarización laboral, como las plataformas de aplicaciones.
Finalmente, el presidente de la central sindical remarcó que las propuestas del PIT-CNT apuntan a mejorar las capacidades estratégicas del Estado y vincular la integración regional con la complementación productiva e industrial.
La industria nacional, una apuesta necesaria
Por su parte, Danilo Dárdano presentó el diagnóstico y objetivos de la política industrial, denominado “La industria nacional, una apuesta necesaria”.
Pidió un “sinceramiento industrial”, porque no todas las industrias serán viables en el Uruguay, y planteó que tiene que haber “voluntad política” y pagar un costo político necesario porque si se cree que todos los sectores industriales en Uruguay son viables ello sería un engaño. “Es fundamental el involucramiento de todas las partes como empresarios, trabajadores, la academia, el Poder Ejecutivo, intendencias y sectores sociales para definir y darle sustento financiero y técnico a los sectores industrias que deben ser priorizados”, dijo.
El dirigente sindical manifestó que el sector industrial es clave en la economía porque genera empleo de calidad, promueve la innovación y la inversión en ciencia y tecnología y favorece la inclusión social.
A la vez, contribuye a la diversificación productiva, aumentando el valor agregado nacional y reduciendo la dependencia de materias primas, dijo. Dárdano agregó que el crecimiento de la industria tiene un efecto multiplicador en otros sectores, como servicios e infraestructura y ofrece oportunidades para las Pequeñas y Medianas Empresas.
Añadió que el proceso de desindustrialización es de larga data en el país, y tiene una baja diversificación productiva y dependencia de exportaciones de materias primas.
Existe una brecha en productividad, tecnología e innovación frente a los países avanzados, expresó y remarcó que el desarrollo industrial promoverá su acortamiento. Por ello planteó la necesidad de “mejorar la productividad en el trabajo y la calidad del empleo”. Aseguró que “sin política industrial integral duradera, como componente de una estrategia nacional de desarrollo, no es posible responder a estas problemáticas”.
Dárdano expresó que debe existir una política de Estado para el sector industrial, porque han pasado gobierno de todos los partidos políticos y entre los años 1986 y 1988 en el sector industrial había el doble de los trabajadores que en la actualidad. “Si hoy sumamos los trabajadores aportantes al Banco de Previsión Social, que son cerca de 134.000, y un porcentaje de trabajadores en negro, son unos 160.000 trabajadores en todo el Uruguay, por eso es necesario ponernos de acuerdo con políticas de Estado”.
Por otro lado, dijo que se han multiplicado las diferentes intervenciones en materia de política industrial a nivel internacional y esto muestra “una agudización de la disputa por los mercados internacionales, la necesidad de acompasar el cambio tecnológico en marcha y tensiones geopolíticas”. Por lo que aseguró que “cada vez es más riesgoso para Uruguay no tener política industrial”.
Dárdano manifestó que es preciso retomar la senda de una estrategia país que permita construir una industria que: “dinamice la productividad del trabajo, fortalezca las capacidades de la fuerza de trabajo y promueva el empleo de calidad, favorezca un proceso de sofisticación y diversificación de la matriz productiva y de exportaciones, permita la agregación de valor sobre las cadenas agroindustriales, promueva el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, sea respetuosa y promotora de relaciones laborales modernas y democráticas, promueva la equidad territorial a nivel nacional y contribuya con la preservación del medio ambiente”.
Propuestas
Por otro lado, Dárdano se refirió a los lineamientos para una política industrial para el período 2025-2030 y se refirió a una docena de propuestas para el debate.
En primera instancia planteó la “creación de un fondo para la promoción de la industria nacional”. Ello implicaría, “la creación de un instituto de investigación y promoción de la industria uruguaya, un fondo para compensar la cesantía laboral, contemplando el seguro de desempleo con capacitaciones y la financiación de 0,5% del salario de cada trabajador y 1% de la masa salarial pagada por las empresas”.
En segundo lugar, hizo mención al impulso de “compras públicas”. En tal sentido se refirió a la creación de un “sistema voluntario de transparencia de costos para acceder a beneficios de compras públicas y a promover la eficiencia productiva respecto a la normativa laboral y ambiental”.
Otra de las propuestas de la Confederación de Sindicatos Industriales es el “desarrollo territorial equilibrado”, para lo cual plantean incentivos a la instalación industrial en el interior del país, creación de polos de desarrollo industrial en sinergia con universidades y políticas locales, y proyectos industriales binacionales en zonas de frontera.
“Promover la agregación de valor en las cadenas agroindustriales”, es un planteo que abarca impulsar valor agregado en sectores clave como el arrocero, lácteos carnes forestal y cuero; y revertir la tendencia de desindustrialización en cadenas agroexportadoras.
En cuanto a la “inversión extranjera directa alineada con el desarrollo productivo”, se propone “establecer un mínimo de 30% de componentes nacionales en grandes inversiones extranjeras; y alinear la inversión extranjera directa a una estrategia nacional de desarrollo.
Dárdano hizo mención a la “institucionalidad para un desarrollo participativo”, para lo que es imprescindible instancias de diálogo superior para delinear bases para una estrategia nacional de desarrollo, la creación de mesas de diálogo con la participación de gobierno, trabajadores, empresarios y la academia.
Otro aspecto que se destaca entre las propuestas es el referido a la “macroeconomía para el desarrollo”, vinculado a una política cambiaria competitiva para fomentar exportaciones industriales y producción nacional; atenuar fluctuaciones económicas y mitigar recurrencia del “atraso cambiario”; y revisar el esquema tributario para evitar regresividad en la distribución del ingreso de un tipo de cambio más competitivo.
En cuanto a la “complementariedad productiva regional” dijo que se debe promover una agenda de trabajo para la integración económica y tecnológica regional, y que la división regional del trabajo debe ser la base para la integración política regional.
Por otra parte, en el informe se plantea la preocupación por el “desarrollo industrial ambientalmente sostenible”, para ello es imprescindible establecer incentivos para una industria responsable con el medio ambiente y políticas alineadas con la descarbonización y la lucha contra el cambio climático.
También se refirió a la importancia de impulsar una “política industrial por misiones”. Orientar la política en función de las misiones destinadas a satisfacer las necesidades sociales, política industrial articulada a partir de necesidades nacionales y no únicamente a partir de la promoción sectorial.
Asimismo, un aspecto sustancial es el “financiamiento y una banca para el desarrollo”. En tal sentido se plantea impulsar la mejora del Fondo Industrial del Ministerio de Industria Energía y Minería, el fortalecimiento de la banca pública para financiar proyectos industriales de largo plazo, y una banca para financiar el desarrollo territorial equilibrado (polos industriales en regiones del interior del país).
Finalmente en el trabajo de los sindicatos industriales se menciona la necesidad de establecer “asociaciones estratégicas con participación e impulso estatal”. En este aspecto es imprescindible evaluar asociaciones estratégicas con participación del Estado, capital privado nacional e internacional y empresas públicas y privadas.
El dirigente sindical puntualizó que en los Consejos de Salario se ponen sobre la mesa las reivindicaciones de mejora salarial o reducción de la jornada de trabajo, entre otros aspectos, pero advirtió que “antes de discutir esto hay que tener trabajo, tiene que estar la fábrica abierta”.
“Estamos dispuestos y tendemos la mano a la Cámara de Industria para trabajar en conjunto en estas y otras propuestas, pero si no trabajamos en conjunto y con la participación del gobierno de turno, la academia y actores sociales para poder definir políticas de Estado, entonces vamos a camino a desaparecer y eso es un riesgo muy importante si queremos transformarnos en un país desarrollado en los próximos 20 o 25 años”, advirtió.