El año pasado Coca Cola (FEMSA) dejó de ser cliente de UTE, y pasó a ser Cliente Libre en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. A partir de ese momento, parte de su demanda de energía eléctrica es abastecida mediante un contrato que firmó con Nesyla SA, propietaria del Parque solar Albisu. Dicho contrato fue aprobado por la ADME a pesar de varias irregularidades e incumplimientos reglamentarios.
La planta de Coca Cola funciona las 24 horas del día, por lo tanto, la energía proveniente del parque solar no es suficiente para abastecer totalmente su demanda eléctrica: demanda en la noche, momentos nublados, primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde. Por lo tanto, cerca de un 75% de la demanda de la Coca Cola no puede ser abastecida por la planta solar, y es adquirida en lo que se conoce como Mercado Spot[1].
Dado que durante el mes de abril hubo importantes precipitaciones y por lo tanto abundancia de agua en las represas, además de grandes cantidades de energía proveniente de energías renovables no convencionales (eólica, biomasa y fotovoltaica) [2], el precio de la energía en el Mercado Spot durante todo el mes fue nulo. Por esta razón, toda la energía que el parque solar de Nesyla no fue capaz de suministrar a la planta de Coca Cola para su funcionamiento, fue tomada del resto del sistema eléctrico a un precio de 0 durante todo el mes de abril.
Obviamente que esa energía no es gratis para el sistema eléctrico, sino que es pagada por todos los usuarios de UTE a través de sus tarifas. Las tarifas de UTE incluyen los costos de los contratos con generadores privados en el marco del cambio en la matriz energética y los costos de inversiones realizadas por UTE. Todos los usuarios de UTE están pagando por la energía que Coca Cola tomó de forma gratuita.
Con la aprobación del Decreto 242/023 y la incorporación cada vez mayor de Clientes Libres al Mercado Mayorista bajo estas condiciones, esta situación será cada vez más frecuente y se profundizará el impacto para la UTE y sus clientes. Se establece un funcionamiento del mercado eléctrico, en el cual un pequeño grupo de grandes consumidores acceden a energía de forma gratuita o a muy bajo costo, evitando pagar los costos del cambio en la matriz energética, pero accediendo a los beneficios. Mientras tanto el resto de los clientes de UTE son quienes pagan los costos de ese subsidio encubierto.
Por estas razones desde AUTE realizamos una demanda de nulidad ante el TCA contra el Decreto 242/023. En estos momentos nos encontramos en juicio contra el Gobierno por la defensa del interés general de nuestro pueblo. Los costos del cambio en la matriz energética lo deben pagar todos los actores del sistema y no solamente los clientes de UTE. Seguimos esperando respuestas del Poder Ejecutivo de cómo este subsidio abusivo a un pequeño grupo de grandes empresas, que va a producir un incremento en las tarifas de todos los usuarios de UTE, es beneficioso para la población.
La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, donde los ricos pagan la mitad que los pobres el precio de la energía eléctrica, la reciente resolución de UTE del 9 de mayo profundiza esta brecha, ya que otorga bonificaciones a los grandes empresarios hasta el 11% de sus consumos totales.
Sin embargo, más de 300.000 familias de los sectores más vulnerables de nuestra población no reciben ningún tipo de beneficios y el costo de pagar la luz asciende a cerca del 10% de sus ingresos.
Desde AUTE seguimos reivindicando la eliminación del decreto 242/023, la modificación del marco regulatorio y los cambios en la estructura tarifaria para que la energía no sea considerada una mercancía y se transforme en un derecho.
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