La Asociación de ex presos políticos de Uruguay (Crysol) reiteró que el Estado aún continúa en deuda en materia de justicia y reparación con aquellos que fueron privados de libertad en el marco del terrorismo de Estado.

Este 14 de marzo se conmemora el Día de la ex presa y del ex preso político en recuerdo a la histórica movilización que tuvo lugar en el centro de Montevideo el 14 de marzo de 1985 y a la liberación de los últimos prisioneros del terrorismo de Estado desde la Cárcel Central.

Hace 39 años, los ex presos políticos que habían sido excluidos de la Ley 15.737, conocida como Ley de Amnistía, promulgada por el entonces presidente democrático, Julio María Sanguinetti, recuperaron su libertad. Esta ley no abarcaba a aquellos condenados por delitos de sangre.

La resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas se refiere a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. En ella se dispone la “restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición para las víctimas”.

Falta camino por recorrer

Sin embargo, desde Crysol se ha cuestionado su cumplimiento en Uruguay. Se reconoce que si bien han existido leyes preparatorias como la 18.033 y la 18.596 (aprobadas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez), de todos modos “aún falta mucho camino por recorrer”.

Desde la Asociación de ex presas y presos políticos se manifestó que no ha habido una reparación integral, como por ejemplo en el acceso a los servicios de salud especializados para las víctimas del Terrorismo de Estado.

Crysol sostiene que las leyes reparatorias tienen una reglamentación que resulta “limitante para las víctimas a la hora de buscar una jubilación, ya que establece que aquellas personas que perciban la Pensión Especial Reparatoria no podrán jubilarse”.