La iniciativa del presidente de la República para modificar la Ley 19.580 de violencia basada en género, ha sido cuestionada por todas las voces calificadas y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección de los derechos de las víctimas. Hay coincidencia en valorar que dichos cambios favorecen a quienes ejercen abusos desde la impunidad del poder.