Cuatro meses después, unos 50 funcionarios públicos presentarán el próximo jueves ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de licencias médicas que comenzaron a implementarse en algunas áreas del Estado en abril de este año. Los recursos se entregarán el mismo día en que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) impulse una movilización, aseguró el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López.

La Ley Nº 20.075, del 20 de octubre de 2022, que fue aprobada en la Rendición de Cuentas de ese mismo año, establece que los funcionarios y las funcionarias tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad. A partir del décimo día, tendrán derecho al subsidio, que van del 75% al 100% de su remuneración.

En declaraciones al diario El País, López dijo que la norma comenzó a aplicarse en Presidencia de la República y en agosto se extendió a aquellos ministerios con menos de 1.000 trabajadores. Agregó que posteriormente se comenzó a utilizarse en otras reparticiones estatales.

"Régimen desigual"

“La ley establece un nuevo régimen de licencias médicas que es absolutamente desigual. En la Fiscalía o en la Justicia, por ejemplo, el sistema solo se aplica a los funcionarios y no a los fiscales o a los jueces”, señaló José Lorenzo López. El sindicalista sostuvo que una situación similar sucede en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde la norma abarca a los trabajadores y no a los integrantes del cuerpo diplomático. Es decir, advirtió, en el Estado “hay funcionarios categoría A y otros Categoría B. Por eso se presentarán los recursos de inconstitucionalidad; la ley no es igual para todos”. López recordó que, en el caso de la enseñanza o en la Policía, el sistema genera un doble costo porque se descuenta al funcionario que falta y, al mismo tiempo, se debe pagar a otro que lo suplante. “El régimen no es igual que el sistema del BPS para los empleados privados que se enferman. Acá el descuento a los trabajadores públicos lo hace el organismo y el funcionario estatal no tiene cobertura del BPS. Entonces sufre una rebaja salarial cruda y dura. Ya hay funcionarios que comenzaron a tener descuentos por enfermedad en agosto pasado; la mayoría los tendrá el próximo mes”, señaló. López sostuvo que basta con que la Suprema Corte de Justicia le de la razón a un solo funcionario para que el fallo se extienda a todos los demás. “Es decir, con un recurso aprobado por la Suprema Corte se cae la ley”, expresó.