Las principales propuestas incluyen la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida salarial, una reforma integral de la seguridad social que garantice un sistema universal y solidario, y un sistema tributario más progresivo que favorezca a las pequeñas y medianas empresas. Además, se exigen políticas de igualdad de género, la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados, y mejoras en la educación y salud pública. La movilización también reclamó un enfoque más equitativo en el desarrollo económico, priorizando el bienestar de los trabajadores y la creación de empleo de calidad.

Este jueves 20 de febrero, de 9:00 a 13:00 horas, se llevó a cabo el paro de actividades convocado por el PIT-CNT. A las 9:30, tuvo lugar una concentración en la Plaza Independencia, donde se desarrolló el acto oratorio.

La plataforma reivindicativa del paro establecía que la medida se realizaba “en solidaridad con los sindicatos en conflicto”. Asimismo, la central obrera incluyó entre sus reclamos la necesidad de generar más empleos de calidad, mejorar los salarios, ampliar los derechos laborales y combatir la represión antisindical.

En representación de la empresa multinacional Yazaki, cuyo cierre provocó la pérdida de 1.200 puestos de trabajo, participó en el acto oratorio Karina Niebla, una de las trabajadoras afectadas. Destacó que no sólo se trata de 1.200 familias en la calle, de las cuales el 80% son mujeres y jefas de hogar cada una con su propia realidad, sino que además la empresa dejó sin empleo a todos los trabajadores tercerizados.

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Agradeció el respaldo del movimiento sindical, de cada uno de los gremios y vecinos que les brindaron su apoyo, así como el de las intendencias de Colonia y Canelones.

“El movimiento sindical es el engranaje principal de nuestro país. Siéntanse orgullosos de pertenecer a este movimiento. No hay un centro de trabajo donde no se exprese la solidaridad de un compañero, pero es fundamental convencer a más personas de afiliarse, porque la unidad es el único camino”, expresó.

Además, subrayó que si bien la empresa las dejó sin trabajo, pero no logró quitarles la dignidad. “Logramos hacerla retroceder cuando intentó manchar el honor del movimiento sindical. Repudiamos esas acciones porque el patrón debe entender que su mayor recurso es el trabajador y tiene que cuidarlo. Sin mano de obra especializada, no son nada”.

Por último, recordó al futuro gobierno que está abierta una instancia tripartita para plantear y analizar nuevas leyes que prevengan situaciones como el cierre de Yazaki. “Ahora varios sectores hablan de competitividad, pero en realidad es miedo a tener a un trabajador como ministro de Trabajo”.

La parte central del acto oratorio estuvo a cargo de Enrique Méndez, responsable de la Secretaría de Organización del PIT-CNT e integrante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

“Hoy nuestro PIT-CNT para a nivel nacional. Nos encontramos aquí, concentrados en solidaridad con los sindicatos en conflicto, en defensa del derecho al trabajo, de la generación de empleos de calidad, de un salario digno y de los derechos conquistados”, remarcó Méndez ante cientos de trabajadores de distintos sindicatos representantes de diversos sectores de la actividad.

Aseguró que el movimiento sindical “se moviliza contra la represión antisindical, contra un modelo de desigualdad y contra un esquema de desarrollo nacional que ha demostrado un claro agotamiento, porque va a contrapelo de las necesidades de las grandes mayorías populares”.

Agregó que se trata de un modelo que “sigue favoreciendo los intereses de una minoría ínfima, donde la distribución del ingreso y la riqueza, a través de las políticas impulsadas por el gobierno de turno, continúa beneficiando a unos pocos en detrimento de la mayoría trabajadora”.

“Hoy somos testigos de cómo, en distintos sectores, las patronales siguen tomando decisiones que afectan a nuestra clase: retiros de empresas, cierres de plantas, desindustrialización y precarización, dejando a cientos de familias en la incertidumbre. Se ven obligadas a afrontar gastos diarios, pagar facturas, preparar a los chiquilines para el comienzo de clases o simplemente garantizar un plato de comida”, denunció.

Solidaridad

En ese marco, el dirigente sindical expresó su solidaridad con los sindicatos en conflicto, mencionando casos específicos.

Se refirió a la situación del SUNCA afectado por “la política de la patronal china CEMEC, que viola sistemáticamente las condiciones de trabajo, salud e higiene”.

En la Industria de la construcción, se refirió al conflicto intrapatronal entre la empresa Jan De Nul y el Consorcio Stiler - Mota Engil, “que generó el envío al seguro de paro de 130 trabajadores”.

Con respecto a la industria láctea: se refirió al cierre de plantas y la “vergonzosa actitud antisindical de la Compañía Láctea de Melo (COLEME), que utiliza fondos públicos para reestructuraciones y represión sindical”. También denunció “las dificultades en CALCAR y la situación de Granja Pocha de Juan Lacaze, beneficiaria del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que antes de pagar la primera cuota fue vendida a la multinacional Lactalis, la cual pone en riesgo 100 puestos de trabajo.

Entre otros sectores con dificultades mencionó a los trabajadores de Vintelux, Friopan, las cooperativas que brindan servicios a la ANEP, cuyos contratos fueron recortados, y el sindicato del Centro Operativo de Montevideo de la empresa CIEMSA.

“Nuestra solidaridad se extiende también a los compañeros y compañeras de la industria frigorífica, donde más de 2.000 trabajadores y trabajadoras enfrentan seguros de paro, despidos y rebajas salariales. A su vez, padecen maniobras empresariales que han llevado a 480 familias del Frigorífico Casa Blanca al seguro de paro, debido a la irresponsabilidad de sectores que solo buscan incrementar sus ganancias sin importar el impacto social de sus acciones”, remarcó.

“Estamos siendo testigos y principales afectados por una serie de decisiones empresariales que atentan contra el desarrollo del país. La desindustrialización avanza, dejando a miles de familias en la incertidumbre”, advirtió Méndez.

Sobre el sector metalúrgico, envió un saludo a la UNTMRA y recordó el impacto de la retirada de Yazaki, que, tras el vencimiento de los acuerdos de promoción de inversiones, decidió abandonar el país, dejando sin empleo a 1.200 familias. “Son decisiones que se toman en el extranjero sin considerar la realidad de las y los trabajadores uruguayos”, lamentó.

Agregó que lo mismo ocurre en el sector farmacéutico, donde laboratorios como Balearda y Eurofarma han optado por dejar de producir en Uruguay para importar toda su producción. “Esta lógica de desindustrialización, que también pretende aplicar ISUSA, no sólo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino también una menor regulación sobre la calidad de los productos que ingresan al país”, advirtió.

Por este motivo, enfatizó la urgencia de convocar a los ámbitos sectoriales tripartitos para discutir políticas de desarrollo y permitir que los trabajadores aporten su perspectiva.

“Compañeras y compañeros, estos son los efectos de un modelo agotado, un modelo que nos exige un cambio profundo”, remarcó y agregó que la descripción de estas situaciones conflictivas “no es más que el diagnóstico de la sociedad en la que vivimos”.

“Nuestro PIT-CNT no solo denuncia, no sólo se moviliza, no solo demuestra unidad y solidaridad, sino que también tiene propuestas concretas para cambiar esta realidad”, aseguró.

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Crecimiento de la pobreza infantil

Méndez afirmó que el modelo actual está agotado, y como prueba de ello señaló el crecimiento de la pobreza infantil en un país que produce alimentos para 28 millones de personas, pero donde aún existen familias y niños que padecen inseguridad alimentaria.

“Es inadmisible que en nuestro país haya más de 548.000 trabajadores que perciben ingresos líquidos inferiores a 25.000 pesos por 48 horas semanales de trabajo, sumado al estancamiento salarial que hemos vivido en los últimos cinco años”, sostuvo.

Criticó el modelo económico actual, “centrado exclusivamente en la venta de recursos naturales y en los vaivenes del mercado internacional, sin agregar valor a la producción, con empleos precarizados y de baja calificación”, y advirtió que “no es un modelo viable para el desarrollo futuro del Uruguay”.

Ante este panorama, sostuvo que es necesario avanzar hacia una “Estrategia Nacional de Desarrollo”, propuesta que el PIT-CNT plantea como alternativa.

“Debemos construir esta estrategia a través de un amplio diálogo nacional, con la participación activa de todos los sectores productivos, académicos y sociales. Es fundamental incluir a los trabajadores, empresarios, pequeños productores del campo y la ciudad, intelectuales y todos aquellos que puedan aportar al país que queremos para los próximos 30 años”, destacó.

Asimismo, subrayó que este proyecto debe tener como objetivos centrales “mejorar nuestra inserción económica internacional y transformar, sofisticar y diversificar nuestra matriz productiva, siempre poniendo en el centro la defensa del trabajo de calidad, con derechos, salarios justos y el bienestar de nuestro pueblo”.

Una Estrategia Nacional de Desarrollo

En este contexto, el dirigente sindical advirtió que están en juego aspectos fundamentales como la política económica, la inversión en ciencia, tecnología e innovación, el rol del Instituto Nacional de Colonización, la función social del Estado -incluyendo las empresas públicas como motor del desarrollo industrial del país, las compras públicas y la planificación estratégica-, así como la construcción de un sistema financiero alineado con estos objetivos.

Sostuvo que la transformación de la matriz productiva “debe ser un eje central” de una estrategia nacional de desarrollo, con metas a corto, mediano y largo plazo. Para ello, consideró fundamental que “el Estado asuma un papel protagónico, utilizando las empresas públicas existentes y creando nuevos instrumentos público-estatales con modalidades de gestión innovadoras”. Además, planteó la posibilidad de establecer asociaciones estratégicas con los trabajadores, otros Estados y el capital privado, priorizando siempre el capital nacional.

Este plan debería contemplar, entre otros puntos “un plan nacional de energía, que impulse la diversificación energética.

Agregó también “la promoción de inversiones, enfocada en actividades con mayor valor agregado tecnológico y de conocimiento”.

Otro de los aspectos debería ser “el fortalecimiento del Banco República (BROU) como banco de desarrollo nacional”.

Planteó “un sistema integrado de transporte de carga, que optimice la complementariedad entre las distintas modalidades”.

Asimismo, “una política minera integral, que contemple regulación, fiscalización e investigación, con especial atención a los impactos ambientales”.

Todo ello, subrayó, “debe enmarcarse en un proyecto que priorice el bienestar de la clase trabajadora y la soberanía nacional”.

“En síntesis, tal como se lo hemos planteado al presidente electo Yamandú Orsi, es urgente convocar un ámbito de diálogo social donde se discutan y trabajen propuestas que permitan avanzar en los objetivos de desarrollo del país, dando el salto que Uruguay necesita con urgencia”, dijo.

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Méndez expresó que se debe transitar hacia una matriz productiva “menos dependiente de la exportación de materias primas y orientada a generar valor agregado dentro del país”.

Planteó la necesidad de una política de industrialización nacional, acompañada de un sistema de compras públicas que priorice la producción local y un desarrollo territorial equilibrado, con inversiones en el interior del país que permitan generar empleo de calidad en todo el territorio. “Hay que invertir en el interior del país”, enfatizó.

Asimismo, subrayó la importancia de considerar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que desempeñan un papel clave en el desarrollo nacional en diversas ramas de actividad. En ese sentido, propuso que “la política macroeconómica y tributaria contemple medidas para aliviar la carga impositiva sobre las PYMES, facilitando su viabilidad y fortaleciendo los emprendimientos que generan la mayor cantidad de empleos”.

Destacó que el trabajo y el desarrollo productivo deben priorizar el incremento salarial y la creación de empleo de calidad, garantizando los derechos de trabajadores y trabajadoras y favoreciendo el fortalecimiento del mercado interno.

“Hoy, por ejemplo, vivimos una situación de violencia en algunos barrios, una problemática vinculada a cuestiones estructurales que llevan décadas gestándose. Sin duda, la falta de trabajo de calidad es una de las causas más importantes de la falta de perspectiva para los jóvenes, quienes ven en el mundo del delito su única salida a una situación de vida paupérrima. Lo decimos hoy, a quien lo quiera escuchar: sin trabajo de calidad, no solo no habrá desarrollo en Uruguay, directamente no habrá futuro”, indicó.

Por todo esto, resulta fundamental “limitar la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida salarial, como una forma de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, generar más empleo y enfrentar los desafíos que trae la automatización y la digitalización del trabajo”. Además, esta medida contribuiría a fomentar el turismo y el consumo interno durante los días de descanso. “Las manos y los brazos de nuestros compañeros y compañeras son fundamentales en el momento de generar ese valor agregado y el crecimiento de la productividad que sectores minoritarios vienen disfrutando, pero que se niegan a compartir con los trabajadores”, subrayó.

De cara a la política salarial y la negociación colectiva, el dirigente enfatizó que se juega un rol fundamental, donde, para superar el modelo de la desigualdad, el movimiento obrero aspira a “aumentar la participación del salario en la riqueza nacional”. Añadió que, por supuesto, también se debe priorizar el “crecimiento salarial en los sectores más sumergidos”, pero “no a costa” del congelamiento salarial de otros sectores. “No nos vengan a hablar de desindexación, cuando hemos visto cómo se nos redujo la participación de nuestra masa salarial en la riqueza nacional durante este período”, señaló.

Otro punto clave en la agenda del movimiento es la situación de los trabajadores de plataformas digitales, como los repartidores de aplicaciones. En muchos casos, lo que se presenta como “trabajo independiente” es en realidad una forma encubierta de relación de dependencia, sin derechos ni garantías. “La pandemia puso en evidencia la falta de protección social de estos trabajadores, y es urgente avanzar en mecanismos que garanticen su derecho a la negociación colectiva y a condiciones laborales dignas”, aseguró.

Criticó la legislación del gobierno, que, según él, “ha precarizado el trabajo y barrido con la visión de la jurisprudencia internacional en lo que respecta a estos trabajadores”.

Advirtió sobre el “impacto negativo de las exoneraciones impositivas a grandes proyectos de inversión que no generan empleo en la magnitud esperada. Mientras se otorgan beneficios a estas grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo, no reciben el mismo nivel de apoyo”. Exigió un debate serio sobre esta política, “priorizando a quienes realmente contribuyen al desarrollo productivo y al trabajo digno en el país”.

En cuanto a la seguridad social, el dirigente destacó la urgencia de llevar adelante una “reforma integral que garantice un sistema universal, solidario y con prestaciones suficientes, eliminando el lucro financiero que actualmente lo afecta”. Esta reforma debe incluir políticas clave, como la “inversión en la primera infancia para combatir la pobreza infantil, la atención a las personas mayores dentro del sistema de cuidados y la promoción de derechos para las personas con discapacidad”. Además, es fundamental “revisar la estructura financiera del sistema, eliminando inequidades como las exoneraciones de aportes patronales y avanzando hacia una mayor justicia contributiva, con un enfoque en los sectores más poderosos de la economía y una lucha eficaz contra la evasión”. También se deben explorar “formas de financiación alternativas que no dependan exclusivamente de las contribuciones de los trabajadores, adaptándose a los cambios en el mundo del trabajo”.

Entre los puntos centrales de esta reforma, destacó la necesidad de “restablecer la jubilación a los 60 años y mejorar la jubilación mínima, evitando que los jubilados vivan en la pobreza”. Asimismo, es fundamental “desacoplar la seguridad social del lucro financiero, impidiendo que los bancos y las AFAP sigan manejando los recursos de los trabajadores como una mercancía”. También es clave “avanzar en la convergencia de regímenes privilegiados, como la Caja Militar, hacia un sistema más equitativo, aplicando tributaciones a las altas jubilaciones que hoy se otorgan bajo condiciones de privilegio”, dijo.

En materia tributaria, reivindicó un sistema “más justo y progresivo, donde quienes tienen mayor capacidad contributiva paguen más”.

“Es necesario reducir el peso de los impuestos indirectos, como el IVA, que afectan desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos, y avanzar hacia impuestos directos más equitativos, que incluyan tasas progresivas para las rentas del capital y una mayor tributación sobre la riqueza. Además, es imprescindible revisar el sistema de exoneraciones a las inversiones, que hoy beneficia principalmente a las grandes empresas, para hacerlo más selectivo y asegurar que realmente promueva inversiones estratégicas para el país, con garantías para las familias vinculadas directa e indirectamente, trabajadores, pequeños productores y emprendedores, lo que permitirá un desarrollo real, integral y sostenido”, mencionó el dirigente gremial.

En cuanto a la lucha por la igualdad de género y la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados, “estos son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa”, señaló. Agregó que es imprescindible avanzar en políticas que garanticen la “igualdad real entre hombres y mujeres, eliminando las brechas de inequidad existentes, y fortaleciendo el acceso a cuidados de calidad para la primera infancia, las personas con discapacidad y los adultos mayores”.

Esto no sólo mejorará la calidad de vida de estos grupos, sino que también facilitará la “inserción laboral de las mujeres, quienes hoy cargan con la mayor parte del trabajo no remunerado de cuidados”. Además, es clave incorporar estas políticas en la negociación colectiva y en el abordaje territorial, asegurando que los cuidados sean reconocidos como un derecho social fundamental.

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En materia de salud, Méndez resaltó la necesidad de profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud, “es urgente avanzar hacia la universalización de una canasta de prestaciones de salud de calidad, con un enfoque preventivo y accesible, superando las limitaciones actuales que condicionan el acceso según la capacidad contributiva de las personas”.

Desde el movimiento sindical, se propone “repensar el valor de las cápitas incorporando factores socioeconómicos y territoriales, priorizar la prevención, fortalecer la regulación y fiscalización de recursos, y desarrollar una política sanitaria estratégica que garantice cobertura y calidad sin distinciones económicas”.

Además, “es clave diversificar las especialidades médicas en todo el país, mejorar los sistemas de información y participación, eliminar la brecha de financiamiento entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el mutualismo, y fomentar la coordinación entre instituciones para fortalecer el sistema de salud con la participación activa de todos los actores involucrados”.

En cuanto a educación, la reconstrucción del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) debe ser una política clave para el próximo gobierno. “El Estado debe retomar su rol protagónico como garante del acceso democrático y pleno a la educación en cualquier rincón del territorio nacional. Este cometido sólo se podrá concretar si el Estado fortalece toda su estructura con el objetivo de cumplir cabalmente su rol de garante del pleno ejercicio del derecho humano a la educación”.

Agregó que dicho sistema debe construirse sobre la base de propuestas, niveles y modalidades que garanticen a nivel de todo el territorio nacional el derecho a la educación para todas y todos durante toda la vida, desde inicial y primaria, pasando por la educación media, fortaleciendo la educación terciaria en todas sus variantes y prestando especial atención a la educación de adultos y en contextos de encierro”.

“Reivindicamos una educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Concretar estos principios sólo es posible a través de su real autonomía y respectivo cogobierno en todos sus niveles, de modo que sea posible la construcción de una política educativa de largo aliento sin verse supeditada a los vaivenes de la política partidaria”, mencionó. Agregó que los congresos nacionales de educación deben desarrollarse en forma “periódica, amplia y democrática, entendiendo la democracia no solo en su dimensión representativa, sino también como un marco de participación ciudadana, amplio y abierto a la expresión de las diversidades existentes en nuestra sociedad”.

El presupuesto educativo ha disminuido, alejándose del 6% del PBI recomendado por la UNESCO para la educación pública, más el 1% para investigación e innovación, denunció. “Esta reducción ha limitado tanto aspectos generales, como la creación de carreras y centros educativos como las becas para estudiantes, fundamentales para la igualdad de acceso a las oportunidades”. Por ello reivindicó “un piso presupuestal del 6% del PBI exclusivamente para los organismos de educación pública (ANEP, UDELAR, UTEC), excluyendo gastos de otras instituciones que, aunque vinculadas a la educación, no ejecutan acciones educativas directas”.

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Verdad y justicia

Por otro lado, Méndez se refirió a la lucha por la verdad y la justicia, que se hace más fuerte cada 20 de mayo, “es una bandera irrenunciable para terminar con la impunidad y decir ‘nunca más’ al terrorismo de Estado. Sin acabar con la impunidad y todo lo que la sostiene, no hay futuro justo para nuestro país. Para que se sepa la verdad y haya justicia por los crímenes de la dictadura, hay que fortalecer la Fiscalía que investiga los delitos de lesa humanidad y asegurarse de que los juicios sean realmente públicos, porque hoy casi nadie puede asistir”.

Además, “Uruguay debe cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como buscar a los desaparecidos y dejar de aplicar leyes que impiden juzgar estos crímenes. Los represores mayores de 65 años deben ir presos, sin excusas”.

Por último, y no menos importante, dijo que el movimiento sindical “no sólo realiza paros, moviliza y desarrolla acciones de solidaridad constante que practicamos día a día”.

“Han intentado minimizar nuestros planteos, pero hemos querido presentarlos aquí tal cual como fueron expresados a los distintos actores del Estado y al gobierno electo”, dijo.

“Consideramos fundamental la democratización de los medios de comunicación, para que haya más voces y menos mentiras, y para frenar los discursos de odio y las ‘fake news’ que tanto daño hacen. El acceso a la cultura debe ser para todos, porque no sólo nos enriquece como personas y como comunidad, sino que también genera trabajo para artistas y trabajadores de la cultura”, manifestó.

Por último, dijo que el Estado tiene que proteger los derechos fundamentales y actuar con firmeza contra cualquier forma de espionaje ilegal o persecución a organizaciones y personas. “La defensa de la democracia y los derechos humanos no puede esperar”.

“Quisieron minimizar nuestros planteos programáticos a un par de postulados, y demostramos aquí que tenemos propuestas, estamos convencidos de que una sociedad más justa es posible y que no venimos al mundo a reproducir lo que a priori este sistema tiene establecido. Hoy paramos y salimos a la calle con la unidad que nos caracteriza, nos solidarizamos con los sindicatos en conflicto, con todas nuestras compañeras y compañeros que la están pasando mal. Unidad, solidaridad, responsabilidad y lucha”, sentenció Méndez ante el aplauso cerrado de los cientos de trabajadores que se concentraron en plaza Independencia.