Nathalie Barbé, Enrique Méndez y José Olivera criticaron el aumento de la desigualdad, la precarización laboral y las políticas que favorecen al capital sobre los trabajadores. Además, exigieron mayor inversión en la industria nacional y convocaron a la ciudadanía a votar por el “Sí” a una reforma justa de la seguridad social.

Este miércoles 16 de octubre se llevó a cabo el segundo día de paro de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) en protesta contra la reforma educativa, el modelo de desigualdad y en defensa del empleo. Al paro de actividades, la marcha y el acto se sumaron otros sindicatos de la enseñanza, así como la Confederación de Sindicatos Industriales y el Sindicato Único de la Construcción.

La concentración comenzó poco después de las 9:30 horas en el Monumento al Gaucho, seguida de una multitudinaria movilización por 18 de Julio hasta la calle Andes, donde se realizó el acto central. Hicieron uso de la palabra José Olivera, presidente de FENAPES; Nathalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social de Montevideo (ATSS); y Enrique Méndez, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y secretario de Organización del PIT-CNT.

Nathalie Barbé: “No vamos a dejar que nadie quede en el camino”

El acto se desarrolló bajo la consigna: “Contra el modelo de la desigualdad, por los cambios necesarios”. Durante su intervención, Nathalie Barbé (ATSS) expresó que, en los once días que restan para el plebiscito por el “Sí” a la reforma de la Constitución y de la seguridad social, la militancia debe salir a las calles y estar presente en cada circuito, entregando la papeleta en mano a cada persona que ingrese a votar. “Esto dependió de nosotros desde el principio y dependerá de nosotros hasta el final”.

La dirigente sindical se refirió a los “eruditos que publican documentos en contra” de la reforma de la seguridad social y a los “presidenciables” a quienes esperan para debatir. “Nosotros no los consideramos compañeros, somos la clase obrera y ellos decidieron defender el capital y acomodarse. Compañeros son los profesionales que nos ayudaron a redactar las papeletas, poniendo su nombre y prestigio al servicio del pueblo”.

“Les decimos a los de la derecha, a los del centro y a la pseudoizquierda que, si no saben gobernar este país recortando los privilegios de unos pocos, sin dejar a nadie atrás y dando lo que se debe a la población, entonces dedíquense a otra cosa. El 27 de octubre la victoria será nuestra, y van a tener que aprender a gobernar con justicia social y una seguridad social solidaria. No vamos a dejar que nadie se quede en el camino”, sentenció Barbé.

Enrique Méndez: “¡Estamos cerca de un ‘maracanazo’ popular!”

Por su parte, Enrique Méndez (FTIL) destacó la gran movilización que se realizó no sólo en Montevideo, sino también en varios puntos del interior del país.

Se solidarizó con los trabajadores de distintos sindicatos en conflicto, como los de la empresa de transporte COPSA, el SUNCA en su conflicto con la empresa Balsa y Asociados, y el sindicato de la industria láctea CALCAR. Emplazó al próximo gobierno, sea cual sea su color, a “tomar cartas en el asunto, obligando a las empresas que reciben beneficios del Estado a cumplir primero con las obligaciones laborales hacia quienes generan la riqueza en el país, que son los trabajadores”.

“En tiempos de campaña electoral nos pintan un mundo de las mil maravillas, pero la realidad es mucho más dura de lo que muestran en los spots publicitarios. No hablan de los más de 550.000 uruguayos que la están pasando mal ganando menos de 25.000 pesos, ni de los más de 300.000 que sufren la informalidad y tienen dificultades para llenar la olla. Sólo hablan de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en una campaña sin ideas, llena de frivolidades. Les da vergüenza hablar de nuestros gurises, quienes enfrentan la aberrante situación de la pobreza infantil”, cuestionó el dirigente sindical.

Méndez afirmó que el nivel de pobreza es superior al de 2019 y señaló que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Uruguay es uno de los pocos países de América Latina cuyos indicadores de pobreza están peor que antes de la pandemia. Añadió que cuesta mejorar las cifras porque “se recortaron los salarios, ya que durante tres años el salario real estuvo por debajo de los niveles de 2019, y los trabajadores perdieron un salario y medio. Al mismo tiempo, se transfirieron del trabajo al capital 7.000 millones de dólares entre 2019 y 2023”.

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El sindicalista denunció recortes en jubilaciones y señaló que “el aumento diferencial que se otorgaba a los jubilados a partir del 1º de junio de cada año ahora se descuenta desde el 1º de enero”. Afirmó además que se recortaron 300 millones de dólares en educación.

“Se aplicó una política que aumentó la desigualdad en nuestro país, ya que el 5% de los hogares más ricos capturó el mayor crecimiento de ingresos, mientras que el 95% de los más pobres los perdieron”, criticó. Añadió que el 2% más rico posee más de la mitad de la riqueza del país.

Méndez rechazó el cambio en la negociación colectiva, a favor de los empresarios, los recortes en políticas sociales y la reforma de la seguridad social que afectó a jubilaciones y pensiones. También denunció los recortes en salud pública, que dificultan el acceso a medicamentos y a médicos especialistas.

El dirigente criticó la “precarización del empleo” con más horas de trabajo, peores condiciones de seguridad y formas de fraude laboral, como la de los “trabajadores asociados” que no disfrutan de los derechos inherentes al trabajo. También denunció que “se exoneró 2.100 millones de dólares al gran capital, 400 millones al gran capital rural y 135 millones a la educación privada, mientras que el sector de transporte de carga evade 400 millones de dólares anuales”.

Méndez propuso avanzar hacia una política industrial para el período 2025-2030, con la creación de un fondo nacional que apoye la investigación, la capacitación de los trabajadores y el fortalecimiento del empleo de calidad. Reclamó una política económica que no dependa de los precios internacionales de las materias primas y planteó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales con pago de 48 horas.

“Nos quieren hacer creer que el país se va a fundir si elevamos la jubilación mínima a 22.268 pesos, cuando hay condiciones para que esto no ocurra. Mienten, porque no pueden admitir que han gobernado para el capital financiero”, sentenció. Finalmente, afirmó: “¡Estamos cerca de un ‘maracanazo’ popular!”.

José Olivera: “Retroceso democrático, cultural y científico”

José Olivera (FENAPES) rechazó las críticas del gobierno hacia la decisión de paralizar las actividades. “¿Qué nos vienen a decir sobre que esto es en contra del pueblo, cuando fueron los oligarcas quienes históricamente lo explotaron? ¿Qué nos van a hablar de amor, si cada vez que vieron amenazados sus intereses, patearon hasta la democracia, siendo el pueblo quien tuvo que pagar las consecuencias del terrorismo de Estado?”.

El dirigente sindical subrayó que la defensa de la educación pública es una prioridad para el movimiento sindical uruguayo, ya que la considera “un elemento transformador, que debe contribuir al desarrollo democrático, cultural y científico de nuestro pueblo”. Aseguró que esta postura “choca con el proyecto ideológico de la coalición gobernante, que defiende a la oligarquía”.

Olivera sentenció que el gobierno pretende tener jóvenes “sumisos, incapaces de cuestionar el modelo de explotación y exclusión que promueve la oligarquía, lo que implica un retroceso democrático y de desarrollo cultural y científico para nuestro país”.

Por último, el dirigente de la FENAPES sostuvo que “si queremos combatir la delincuencia, si queremos combatir la delincuencia, hay que cerrar las asociaciones para delinquir en la Torre Ejecutiva, no hay que darles más pasaportes exprés a los narcotraficantes. Hay que empezar por ahí, hay que seguir por La Tahona, por las grandes estancias que acumulan miles de kilos de droga, y no contra el pueblo”.