Este jueves 10 de octubre, 50 funcionarios públicos presentarán ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 20.075, del 20 de octubre de 2022, que establece un nuevo sistema de licencias médicas, implementado en algunas áreas del Estado desde abril de este año. A la par, COFE realizará una movilización y concentración en la sede del Poder Judicial.

Como se recordará, en junio pasado, una delegación del PIT-CNT presentó en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, una reclamación contra el Estado uruguayo por la implementación de las licencias médicas aprobadas por el gobierno, sin haber respetado los ámbitos de negociación establecidos por ley.

“Nos concentraremos en la Suprema Corte de Justicia para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula el nuevo régimen de certificaciones médicas”, dijo López en declaraciones al Portal del PIT-CNT.

Explicó que la acción de inconstitucionalidad se basa en tres principios que, según el equipo de abogados que asesora a COFE, están siendo “flagrantemente” violados por la Carta Magna.

"El primer principio vulnerado por el nuevo régimen de licencias médicas es el de igualdad ante la ley, ya que la normativa categoriza a los trabajadores como de clase A y clase B", sostuvo.

López ejemplificó que el nuevo régimen “se aplica a los funcionarios de la Fiscalía de la Nación, pero no a los fiscales; en el Poder Judicial se aplica a los funcionarios, pero no a los magistrados; en el Ministerio de Relaciones Exteriores afecta a los funcionarios, pero no a los diplomáticos; y en la Administración Central afecta a todos los funcionarios, pero no a los cargos políticos. Mientras que en el Poder Legislativo no se aplica a nadie”.

“Realmente hay una desigualdad tremenda que, según los abogados constitucionalistas y asesores de COFE, está vulnerando el principio de igualdad consagrado en la Constitución”, aseguró.

El dirigente sindical agregó que la nueva disposición también vulnera el principio constitucional de “proporcionalidad”, en el sentido de que el gobierno “renuncia a su capacidad de control y aplica una ley sancionatoria a los funcionarios que se enferman, en lugar de controlar, con los mecanismos que ya posee, si hay alguna irregularidad en el uso de licencias médicas, las cuales siempre deben estar certificadas por un profesional”.

López afirmó que “si surgieran casos de licencias falsas, como el propio gobierno ha sugerido, lo que debería hacer es controlar. Sin embargo, prefieren renunciar a esos controles por considerarse incompetentes, castigando así a los trabajadores que realmente se enferman”.

Por último, el tercer principio constitucional vulnerado es el de “protección del salario”, aseguró el dirigente gremial. “Por más que se intente disimular con el pago de un subsidio, en realidad lo que se está haciendo es una clara rebaja salarial para los trabajadores. No es como en la actividad privada, donde cuando un trabajador se enferma, su contrato con la empresa se suspende y pasa a cobrar un subsidio del Banco de Previsión Social. En el sector público, es el propio organismo en el que el trabajador se desempeña quien le aplicará un descuento del 25% de su salario a partir del décimo día de licencia médica, lo que genera una situación injusta”, puntualizó López.