Según informó el secretario general de AFJU al Portal del PIT-CNT, Pablo Elizalde, un usuario ingresó al despacho de la trabajadora mediadora judicial donde ella trabaja, trancó la puerta, sacó una cuchilla que él había llevado y comenzó con insultos y amenazas de muerte. «La trató de maniatar con un cinto, diciéndole que el Poder Judicial no había resuelto sus problemas». Según recordó Elizalde, el mismo individuo ya había protagonizado un episodio de violencia infiriéndose cortes en su propio cuerpo en reclamo de respuestas por la tenencia de un niño. «Es una persona que concurre de manera bastante seguida a mediación y le recriminó a la compañera que no le resolvían su problema. Si bien ella trató de calmarlo, le pidió que no la lastimara y le explicó que ella también tenía familia, él continuó los forcejeos para intentar amarrarla. Luego sacó otra cuchilla más grande y mostró un bidón de nafta con el que amenazó incendiar la oficina. En el forcejeo, la trabajadora judicial pudo zafar y salió corriendo a la calle pidiendo ayuda y la gente que se encontraba allí la ayudó y contuvo».

De inmediato se llamó a la Policía y el usuario fue detenido.

«La gran preocupación que tenemos es que en muchas oficinas del PJ donde se tramitan conflictos entre personas, allí no hay protección ni de Policía ni de guardias de seguridad. En el momento que se produjo este episodio grave de violencia, la compañera estaba sola pero no es algo exclusivo de allí, es algo que está extendido a nivel nacional, ya que hay muy pocos juzgados u oficinas judiciales que tengan custodia policial», agregó Elizalde en diálogo con el Portal sindical desde Ginebra, Suiza, donde asiste en nombre de AFJU, COFE y PIT-CNT a la 112a Conferencia de la OIT.

Paro

En este marco, la AFJU se solidarizó con la trabajadora afectada y convoca a un paro general parcial a nivel nacional el viernes 14 de junio, desde las 12.30 a las 15.00 repudiando todo acto de violencia hacia los funcionarios judiciales.

Asimismo, exigen a la Suprema Corte de Justicia que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las y los trabajadores judiciales en ejercicio de sus funciones en todo el país.