Es preocupante para la sana convivencia democrática que se acuse desde el Estado de terrorista a una organización sindical por ejercer un derecho constitucional como el derecho a huelga, se esté o no de acuerdo con la medida.

Tal acusación constituye un acto de criminalización contra la organización y sus afiliados que todo el sistema político y el propio gobierno debieran repudiar y rechazar.

En función de lo anterior, esta Mesa Representativa resuelve:

Expresar su solidaridad para con la FENAPES y sus afiliados ante tan deplorable ataque.

Exigir a las autoridades competentes, que dicho funcionario público rectifique de forma urgente lo expresado.

Respaldar las acciones jurídicas, así como la denuncias a nivel internacional que emprenda la FENAPES en el entendido que lo expresado constituye una acción antidemocrática que intenta fomentar el odio y la violencia en nuestra sociedad.