Establece un aumento en la capacidad de concentración de medios de comunicación por parte de una empresa o persona, lo que resultará en un sistema de medios menos plural y diverso, donde determinados grupos tendrán más poder para hacerse escuchar y la ciudadanía contará con menos opciones para acceder a informaciones y opiniones”.

En la madrugada del jueves 8 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Medios con los votos de la coalición oficialista (50 a 41). Por la tarde, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vetó el polémico artículo 72, referente a la “imparcialidad” de los programas periodísticos. Dicho artículo, propuesto por Cabildo Abierto, había recibido una andanada de críticas por parte de organismos internacionales.

Tras la sanción parlamentaria, el Portal del PIT-CNT consultó al experto en medios de comunicación, Gustavo Gómez, sobre la nueva Ley de Medios. Al respecto, Gómez señaló que la Ley contiene al menos dos artículos inconstitucionales, según un informe de la Dirección Jurídica del Parlamento.

“En el capítulo referido a los medios públicos, hay dos artículos inconstitucionales: el 76 y el 82, porque están creando cargos y violan dos disposiciones de la Carta Magna. Una se refiere a que los cargos deben crearse mediante leyes de presupuesto, y la otra establece que no se pueden crear cargos dentro del plazo de un año antes de las elecciones. Si ese mismo texto se hubiera aprobado el año pasado, antes del 26 de octubre, no habría problema, pero en un año electoral, esos artículos son inconstitucionales”, aseguró Gómez.

Agregó que el artículo 72, referido a la “imparcialidad” de los programas periodísticos y que fue vetado por la Presidencia, “de cajón iba a ser recurrido por su manifiesta inconstitucionalidad”.

El director ejecutivo de OBSERVACOM manifestó que la norma aprobada “configura un retroceso en materia de libertad de expresión y transparencia gubernamental en un tema clave como son los otorgamientos de concesiones de radio y televisión, así como sus posibles transferencias y renovaciones. Además, establece un aumento en la capacidad de concentración de medios de comunicación por parte de una empresa o persona, lo que resultará en un sistema de medios menos plural y diverso, donde determinados grupos tendrán más poder para hacerse escuchar y la ciudadanía contará con menos opciones para acceder a informaciones y opiniones”.

“La concentración, especialmente cuando configura oligopolios y monopolios, es considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una situación que atenta contra la democracia, además de ser violatoria de la libertad de expresión. Hay varias disposiciones en esta Ley, tanto para la radio y televisión abierta como para la televisión por suscripción, que permiten y fomentan una mayor concentración de la que existe hoy. Esta situación no es controlada por el Gobierno, a pesar de que incumple la Ley vigente; se la va a ‘blanquear’ en términos que han usado los propios legisladores que votaron esta norma. El objetivo es regularizar la concentración actual, que incumple los marcos legales de la Ley 19.307, y por eso se amplía el número de licencias que se pueden acumular”, cuestionó.

Añadió que, por otro lado, “hay un aspecto muy fuerte en torno a la transparencia gubernamental, no porque se hayan incluido modificaciones, sino porque se derogó todo lo que había en la Ley 19.307 en materia de participación ciudadana, como las consultas y audiencias públicas en los procesos de otorgamiento, las obligaciones de transparencia que el gobierno tiene frente a la población respecto a esos trámites, y la eliminación de organismos que, durante todos estos años, han ejercido el control ciudadano sobre las acciones que toman los gobiernos al otorgar concesiones de radio y televisión, entre otros aspectos”.

Reversión

“No es menor recordar que estamos en democracia y que en la elección anterior, donde la gente se expresó libremente, la coalición de partidos obtuvo la mayoría parlamentaria, lo que les da todo el derecho de modificar las leyes existentes por las razones que consideren. Esta ley, precisamente, deroga gran parte de la Ley 19.307, modifica otra parte y añade algunos artículos polémicos, todo dentro del marco de la democracia. Por lo tanto, debemos aceptarlo, aunque no nos guste y, en algunos casos, incluso cuando están haciendo las cosas muy mal, como aprobar normas inconstitucionales”, señaló Gómez.

En tal sentido, añadió que en el futuro existe la posibilidad de presentar “recursos de inconstitucionalidad frente a alguno de esos artículos”. También mencionó que, en democracia, existe otro camino para revertir una ley que afecte derechos: un proceso de revisión de esta norma para modificarla total o parcialmente a partir del próximo período parlamentario, en función de los resultados que se den en las elecciones del 27 de octubre. Esos son los dos caminos que la democracia permite para intentar revertir una legislación que “afecta derechos”.

Por ello afirmó que habrá que trabajar desde hoy para derogar o modificar sus disposiciones más nefastas en el próximo período.

Urgencia

Por otro lado, Gómez afirmó que la decisión del gobierno de tratar el proyecto en el Parlamento como “grave y urgente” le hace mucho daño a la democracia, ya que no permitió discutirlo ni en Comisión ni en el Plenario. “Todo esto se debe a que se les termina el mandato y existen escenarios de un posible cambio de gobierno y de nuevas mayorías parlamentarias. Este gobierno se había comprometido desde el inicio a derogar la Ley de Medios. No creo que sea necesariamente por las elecciones, sino por los compromisos que tiene con determinados grupos de medios, los más grandes”.