Además, cuestionó que, en plena campaña electoral, el presidente de la República, junto a sus asesores, reconociera al movimiento sindical y prometiera no interferir en la negociación colectiva ni en los Consejos de Salarios. Sin embargo, modificó la Ley de Negociación Colectiva, favoreciendo claramente a los empresarios, lo que ha llevado a los trabajadores a sumarse al paro de profesores de este miércoles 16. También señaló que el 27 de octubre los trabajadores y trabajadoras de la construcción votarán la papeleta blanca del “Sí” a la reforma de la seguridad social, ya que implica darle carácter constitucional a una conquista que es del pueblo.

En entrevista con el Portal del PIT-CNT, Díaz explicó que el paro y la movilización del SUNCA se deben a que el movimiento obrero sindical atraviesa un momento crucial para reclamar, denunciar y afirmar derechos. “Es un momento importante y especial para las trabajadoras y los trabajadores de la construcción, porque en octubre se conmemoran los 50 años de la heroica decisión -el 9 de octubre de 1974- de defender la Ley de Unificación de Aportes”.

“Además, en los años más oscuros de nuestro país, el conjunto del movimiento obrero y sindical tuvo que defender derechos, conquistas y leyes obtenidas mediante la organización y la lucha, enfrentando al fascismo en las calles”, afirmó.

El dirigente sindical recordó que el SUNCA había participado en la histórica huelga general de junio de 1973 contra el golpe de Estado. “Aquella noche del 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry anunciaba, en cadena nacional de radio y televisión, la ilegalización del SUNCA, y nuestro local sindical se convirtió en un centro de detención y tortura tras ser expropiado. Después de 10 años de lucha de los trabajadores organizados y del pueblo uruguayo, se logró reconquistar el local. A esto se sumaron miles de trabajadores desocupados, exiliados, detenidos y desaparecidos. Nuestros compañeros y compañeras en aquel momento defendieron una conquista que les cambió la vida para siempre”.

Afirmación de derechos

“Hoy, al igual que entonces, en el marco de la movilización, la organización y la lucha, seguimos afirmando y defendiendo derechos conquistados, como, por ejemplo, la posibilidad de que el último domingo de octubre las trabajadoras y los trabajadores de la construcción votemos la papeleta blanca del ‘Sí’ a la reforma de la seguridad social, porque implica darle carácter constitucional a una conquista que es nuestra”, expresó.

Díaz también recordó que en la década de los 90 “se endurecieron las condiciones para acceder a la jubilación común, al elevarse de 30 a 35 los años de servicio necesarios, con 60 años de edad. Esto provocó que ocho de cada diez trabajadores de la construcción no pudieran acceder a la jubilación común, y se retiraran por edad avanzada o por discapacidad”. Añadió que fue una década en la que también se intentó privatizar la seguridad social, lo que llevó a los trabajadores de la construcción a una huelga de 89 días para defender la negociación colectiva y la convocatoria de los Consejos de Salarios.

“Hubo que luchar mucho para construir, entre 2006 y 2008, un profundo diálogo social que permitió reconquistar la posibilidad de jubilarnos con 60 años de edad y 30 años de trabajo. Además, se creó el subsidio por inactividad compensada, para que un trabajador con 58 años de edad, 28 años de trabajo y un año sin empleo no quedara desprotegido y pudiera prejubilarse. También se logró que a una trabajadora se le computara un año por hijo”, detalló.

“Hoy, como ayer, los trabajadores y las trabajadoras de la construcción estamos en la calle, movilizados junto al movimiento obrero y sindical, para defender y afirmar un derecho que no cayó del cielo, sino que es el resultado de la organización y la lucha de miles de trabajadores, lo que incluyó el acuerdo de todo el sistema político y las organizaciones sociales”, remarcó.

El dirigente sindical denunció que el gobierno multicolor "ha gobernado para el 5% más rico de la población, dejando como resultado que el 95% de los uruguayos está peor que en 2019". Añadió que, en el ámbito laboral, “más de 500.000 trabajadores ganan menos de 25.000 pesos por mes”, por lo que aseguró que las políticas llevadas adelante por el gobierno “han profundizado la desigualdad”.

Cuestionó que el gobierno haya decidido “no fiscalizar” los laudos básicos mínimos. “Por un lado, dicen que no están de acuerdo con que la informalidad campee, pero, al mismo tiempo, con una medida de este tenor terminan favoreciendo a quienes quieren pagar por debajo del laudo”.

El dirigente del SUNCA también señaló que “el gobierno redujo en un 50% las multas a las empresas que incumplen”, y añadió: “Los números son alarmantes: hay cerca de un 8% de desempleo, y en seis departamentos el promedio supera el 10% de desocupación, según datos del Instituto Nacional de Estadística”. Además, como si fuera poco, “la informalidad supera el 21%, cuando se había prometido eliminarla en este período, y en los departamentos fronterizos se duplica”.

La reforma jubilatoria y el SUNCA

Por otro lado, Díaz explicó de qué manera la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno afecta al SUNCA. “Para que un trabajador de la construcción o un trabajador rural quede exento de esta Ley, es decir, que no se le aumente la edad de jubilación a 65 años, deben cumplirse varias condiciones. Una de ellas es que debe tener 60 años de edad y 30 años de servicio, pero además haber trabajado no menos de 20 años en la industria de la construcción y, en los últimos 10 años, haber estado al menos cinco años en el mismo puesto. Esto es casi imposible porque hay cambios de categoría y no siempre se tiene trabajo de manera continua, ya que las obras comienzan y se terminan”, explicó. Por ello, afirmó que es “casi imposible” que un trabajador de la construcción pueda jubilarse a los 60 años con 30 años de trabajo. “Pero, supongamos que por casualidad se diera esa situación. Bueno, ni siquiera con eso es suficiente, porque si un trabajador reúne todas esas condiciones, luego debe pasar por una comisión -que aún no ha sido creada- que lo evaluará. Este proceso tiene como mínimo un año de duración y, además, puede extenderse más tiempo para analizar el caso”, ejemplificó.

Díaz destacó que el SUNCA ha reclamado insistentemente una reforma profunda de la seguridad social, un diálogo social amplio, y que la industria de la construcción sea considerada de manera especial, generando un régimen jubilatorio diferenciado. Explicó que en este sector existe “envejecimiento prematuro, se trabaja en espacios confinados y las condiciones de seguridad y salud siguen siendo duras, a pesar de los avances logrados por los trabajadores”. Además, señaló que muchos obreros deben trabajar en la informalidad, lo que les impide acumular los años requeridos para jubilarse. “La tasa de densidad de aportes en la industria de la construcción es del 42%, lo que significa que, por cada 10 años, solo se aportan cuatro. Esto provoca que muchos trabajadores del sector no alcancen a reunir los años necesarios y deban trabajar hasta el último día de sus vidas, o terminar jubilándose por discapacidad o por edad avanzada”, cuestionó.

Por último, el secretario general del SUNCA sostuvo que, desde el gobierno, afirman que los trabajadores ahora quieren ‘fundir al país’ por aumentar 3.000 jubilaciones mínimas. “Es parecido a lo que ocurrió a principios del siglo, cuando se aprobó la ley de 8 horas de trabajo, decían que sería poco menos que el fin del país. Lo peor de todo es que nadie se hace responsable, porque, al día siguiente de que triunfe el plebiscito, van a mejorar las jubilaciones, se va a eliminar el lucro y se va a proteger a los jubilados. El país no se va a fundir. Va a haber un profundo diálogo social, donde todos podremos opinar, participar, y donde el Parlamento podrá legislar”.

Añadió que es insostenible defender lo que se prometió en la década de los 90, cuando se privatizaron las seguridades sociales en Uruguay. “En ese entonces, nos dijeron que tendríamos dos jubilaciones y que nuestra tasa de reemplazo sería del 100%. Hoy, esa promesa es indefendible, porque la realidad es cinco veces peor. De las primeras 6.400 rentas vitalicias privadas, de un total de 64.000, el promedio de cobro es de apenas 123 pesos. Entonces, ¿quién va a defender eso? Ante este fracaso, se prefiere hacer una campaña de miedo, y una vez más, atacar al movimiento sindical organizado. Tal como sucedió en los años más oscuros, cuando se intentaba arrebatar los derechos por la fuerza”.

Profundización de desigualdad

Díaz acotó que el gobierno ha profundizado la desigualdad a niveles nunca vistos. “Durante este mandato, tanto la riqueza como la pobreza han crecido simultáneamente, algo que nunca había ocurrido antes, lo cual es brutal. Además, recuerdo que en plena campaña electoral, el presidente de la República, junto a sus asesores, reconoció públicamente al movimiento sindical y prometió no interferir en la negociación colectiva ni en los Consejos de Salarios. Sin embargo, en este período, el gobierno modificó la Ley de Negociación Colectiva, favoreciendo claramente a los empresarios. Esto se refleja en los números: en el 90% de las mesas de los Consejos de Salarios, el gobierno votó junto a los empresarios, y solo en el 10% lo hizo con los trabajadores. Al final, tenemos un gobierno que, como el tero, canta en un lado pero pone el huevo en otro. Ha declarado no tener problemas con los trabajadores organizados, pero ha tomado medidas constantemente en contra de los derechos que hemos conquistado”.